La República Dominicana avanza hacia la desjudicialización de actuaciones inmobiliarias que no presentan conflicto. Este cambio abre la puerta a discutir una transformación más profunda: la creación de la figura del Agrimensor Catastral Habilitado, un profesional con competencias reforzadas, mayor responsabilidad y capacidad para certificar la realidad físico-catastral de los inmuebles.

La propuesta plantea fortalecer la seguridad preventiva inmobiliaria mediante la actuación complementaria del agrimensor y el notario: el primero certificando el inmueble físico y su correspondencia catastral; el segundo, la identidad, consentimiento y validez del negocio jurídico. Registro de Títulos conservaría su función calificadora y los tribunales quedarían reservados para los casos donde exista una verdadera controversia.

¿Puede este modelo reducir fraudes, litigios y trámites innecesarios mientras fortalece la seguridad jurídica del mercado inmobiliario dominicano?

Una reflexión para superar la visión reducida del agrimensor como alguien que únicamente mide terrenos y comprender su verdadera condición técnica, jurídica e institucional dentro del sistema inmobiliario dominicano.